Política y ONG

Asistimos a un estallido de iniciativas sociales extraordinario. Esto significa que existe una conciencia cada vez mayor de responsabilidad para mejorar nuestra sociedad. El bien real que están haciendo estos grupos intermedios –las ONG –queda patente.

La relación entre las organizaciones civiles y la administración pública es muy compleja y requiere una voluntad de entendimiento. Las administraciones deben entender que es necesario el fortalecimiento asociativo y el apoyo a las iniciativas ciudadanas para una mayor cohesión social y consolidación de la democracia. Muchos gobiernos ya hablan de ello y están lanzando políticas de fomento de la participación ciudadana para potenciar la cooperación entre la administración y la sociedad civil. Pero esto, en la práctica, no es tan sencillo.

Una de las dificultades en esta relación es la politización y el grado de control que se quiere ejercer sobre las ONG, sobre todo a través de las subvenciones. Es una realidad probada que los políticos en el gobierno favorecen a las entidades de su mismo color y tendencia. Estas entidades llegan a convertirse en estructuras para-gubernamentales, brazos políticos solapados que sobreviven gracias al nepotismo y, al mismo tiempo, ejercen una influencia política determinada en su entorno.

De la misma manera que el estado controla la gestión y la administración de las ONG, debería existir un mecanismo externo que controlara y diera cuentas de la gestión pública ante los ciudadanos. Muchos recursos, recaudados de la sociedad, no reciben el destino adecuado. Se da un enorme gasto público para destinarlo a actos propagandísticos y superfluos que sólo sirven para ensalzar la imagen de los políticos de turno. Otra gran parte del presupuesto público sirve para remunerar a los adeptos, personal con carné de partido, cargos de confianza o para pagar favores, es decir, para asegurar una masa social que garantice los votos y la reelección de los gobernantes. En el caso de las ONG, las ayudas otorgadas deberían seguir criterios muy rigurosos y favorecer aquellas que, realmente, contribuyen a un mayor bien social, independientemente de su color.

Algunas propuestas

¿Quiere el gobierno fortalecer a las ONG? Que pague las subvenciones a tiempo. Muchas pequeñas entidades se van a pique porque las ayudas concedidas llegan tarde, deben realizar sus proyectos, endeudándose, la mayoría no tienen recursos o avales para pedir préstamos y acaban desistiendo en su empeño. El estado necesita infraestructuras. También las necesitan las ONG para llevar a cabo su labor. Una persona necesita cobrar su salario cada mes para poder vivir. No puede esperar todo un año a que le paguen el salario, diferido, de doce meses.

Sería interesante que, como lo hace el gobierno español, las administraciones autonómicas y locales confiaran en la ONG y le pagaran las subvenciones antes de iniciar su proyecto. Si demuestran que no han empleado bien los fondos, entonces se les podrá exigir la devolución o el cese de actividad con justicia. Pero no se puede pedir a una pequeña entidad que avance cantidades elevadas de dinero que no tiene para realizar un proyecto social.

Desde las administraciones autonómicas y locales no hay verdadero interés político en reforzar a las ONG. Si lo hubiera, se buscarían los medios para poder apoyarlas con recursos de manera efectiva y puntual. Se malversan muchos fondos públicos. El caso más evidente son las obras que se hacen, se deshacen y se rehacen hasta tres veces, con el coste que esto conlleva. Con el valor de una sola obra pública innecesaria se podrían fortalecer y potenciar unas cuantas organizaciones y su labor durante varios años. Con una política austera y racional, de contención de gastos inútiles, quedarían muchos más recursos para destinar a las iniciativas sociales y no sería necesario retener estos fondos durante un año o más antes de abonarlos a las organizaciones beneficiarias.

Otra forma de apoyo sería llegar a un acuerdo con las entidades bancarias para facilitar avales y garantías y que los bancos pudieran avanzar las subvenciones a las ONG sin necesidad de otras hipotecas. Hoy día, una pequeña ONG sin patrimonio, sin avales millonarios y sin un gran capital no puede pedir un préstamo significativo y mucho menos un avance de las ayudas que le son otorgadas. Por tanto, las políticas actuales están provocando que sólo las grandes ONG, que ya tienen patrimonio y recursos, puedan solicitar préstamos –las que menos lo necesitan. Y están dificultando enormemente la supervivencia de muchas pequeñas y medianas ONG, que constituyen una auténtica base social. Las grandes ONG, en muchos casos, acaban convirtiéndose también en empresas y estructuras parapolíticas.

Una ONG a la que han otorgado una ayuda ya ha pasado por diversos filtros y controles que dan fe de su solvencia y fiabilidad. No tendría por qué pedir siquiera un préstamo. El estado y el banco deberían avanzarle esos fondos para permitir que lleve a cabo su proyecto. Y, si no es así, la administración es quien debería pagar los costes financieros del préstamo.

Respondiendo a posibles argumentos

Las administraciones pueden objetar en varios sentidos. Su primer argumento es: las ONG deben ser solventes y no vivir de la subvención. Es decir, que deben buscar fuentes de financiación alternativas a las públicas. Respuesta: así es, pero, ¿para qué existen las partidas sociales, como el IRPF? Y, en segundo lugar: ¿son solventes los servicios públicos? Si no lo son, ¿se clausuran o se interrumpe una actividad? ¿Quién sanciona al gobierno por la deuda en sanidad, por ejemplo? ¿Cómo la resuelven? Por otra parte, si no desean que las ONG dependan tanto del gobierno, al menos deberían ser eximidas del pago de impuestos. La obra social que llevan a cabo compensa con creces su aportación al estado y casi siempre supone un importante ahorro para la administración.

Otra objeción muy común es la siguiente: las ONG no tienen por qué hacer tareas que deberían ser propias del estado. Respuesta: no tienen que hacerlo, pero hay cosas que el estado no puede hacer, o las hace mal o le resultan muy caras y poco eficientes. Las iniciativas civiles suelen ser mucho más cercanas al ciudadano y más efectivas, por darse en ellas un componente vocacional más allá del ánimo de lucro, una sobriedad en los gastos, un gran realismo y proximidad a la gente de la calle. Un funcionario no puede sustituir a un voluntario o a un profesional vocacional.

Otro argumento: las administraciones locales y autonómicas alegan que dependen del gobierno central y que no disponen de la solvencia ni de los fondos necesarios en los plazos que querrían para poder pagar las subvenciones por anticipado. Se escudan lamentándose que tampoco disponen de los fondos necesarios. Respuesta: austeridad en los gastos locales y autonómicos. Y una administración eficaz. En teoría, un gobierno descentralizado debería servir para agilizar los trámites y, tal como argumentan los políticos, debería beneficiar a los ciudadanos más cercanos. No puede comprenderse que los fondos estatales tarden menos en llegar a las ONG que los procedentes de gobiernos locales. Si es necesario, estas administraciones deberían prever mecanismos financieros para poder pagar a tiempo a las organizaciones que esperan estas ayudas, de la misma manera que buscan el modo de pagar a tiempo sus propios salarios.

Llamada a los políticos

¿Queréis una sociedad vigorosa y fuerte? Apostad por los valores humanos y la solidaridad. Apostad, seriamente, con hechos reales, por el tejido asociativo. Porque así estaréis contribuyendo a un elemento integrador y equilibrador de la sociedad en todos los campos. Si una persona lo tiene todo pero no es solidaria, algo está fallando seriamente en nuestra sociedad. Corremos un grave riesgo de perder ese estado del bienestar que se ha conseguido con mucho trabajo altruista, con valores y con sacrificio. Las ONG serias y su pervivencia son un buen seguro para el futuro.